Como zafar de la ley y lucrar con la educación superior en Chile

Columna publicada en el Blog del diario La Tercera 

http://blog.latercera.com/blog/calvear/entry/como_zafar_de_la_ley

Las movilizaciones estudiantiles del año 2011, han generado un punto de inflexión en la ciudadanía en orden a poner en el tapete de la discusión pública la existencia de lucro en algunas Universidades privadas, la necesidad de una educación pública, gratuita y de calidad, y de como ésta se financia.

La actual ley orgánica constitucional  establece que las Universidades Privadas son corporaciones sin fines de lucro, se enmarcan dentro de las normas generales del Código Civil y deberían ser monitoreadas por el Ministerio de Educación.

Es evidente que el movimiento estudiantil  cristalizó en el sentir público algo que se viene denunciando hace tiempo y que la premio nacional de periodismo María Olivia Monckeberg dejó en evidencia a través de una investigación reveló en un su libro titulado “La privatización de las universidades: Una historia de dinero, poder e influencias”.

Es necesario también señalar que no todas las Universidades privadas cometen fraude a la ley, hay muchos proyectos educativos que son dueños de si mismos y cuyas utilidades son reinvertidas en los mismos planteles, otras instituciones que además han dado peleas internas para proteger la Universidad, de los intentos de grupos económicos en orden a comprarlas.

Pero creo que finalmente todos hemos sido testigos de cómo algunos grupos económicos, religiosos o políticos controlan instituciones de enseñanza superior en un área que el Estado reservó como ajena al lucro por cuanto hay un bien superior. En esta línea quiero entregar algunos elementos a fin de ilustrar sobre como algunas de estas instituciones defraudan la ley, o mejor dicho, cometen fraude a la ley en su espíritu, que mandata la prohibición de lucrar. Como algunas Corporaciones Privadas sin fines de lucro utilizando diversos medios fraudulentos, actúan como empresas que lucran; obteniendo subvenciones del Estado, engañando a los alumnos y apoderados en orden a que los dineros son reinvertidos en infraestructura.

Para ello, se han valido de medios oblicuos (o indirectos) que evaden la ley orgánica respectiva y que ahora a modo de ejemplo paso a explicar:

1.- Se han constituido inmobiliarias a través de testaferros o palos blancos, las que son dueñas de, por ejemplo, un edificio, instalaciones deportivas, etc. Por construirlo o arrendarlo de manera normal, supongamos que el valor del metro cuadrado es de 1 UF, pero  con el fin de extraer renta de manera negra e ilícita, se arrienda el metro cuadrado a 10 UF. Esa infraestructura las Universidades se las arriendan a una inmobiliaria y esa inmobiliaria tiene los mismos dueños que la Universidad, o miembros de la junta directiva, personas de confianza, o a través de los grupos inversionistas que controlan la junta directiva.

Esta es una forma muy utilizada por estas sociedades para obtener renta y recuperar utilidades de una manera negra a costa de la Universidad y de sus alumnos. Lo que ciertamente constituye un engaño.

2.- Otra forma es por la vía de los contratos de servicios que empresas externas prestan a la Universidad, ya sea  por servicio de fotocopiado, cafetería, o estacionamientos; los cuales son sobrepagados por la Universidad, lo que ciertamente repercute en la escala de precios al entregarse a los alumnos un servicio que está sobrepagado.

Sin embargo las Universidades pagan ese precio, así se extrae renta.

En este momento, quizás aflora la pregunta de: ¿Quienes son los dueños de estas inmobiliarias? Muchas de las personas que están en directorios, en juntas directivas, a través de familiares o testaferros.

Estas formas son lo que se llama fraude a la ley. Y ¿que se entiende por fraude a la ley?

Básicamente hay fraude a la ley cuando por actos reales y voluntarios (a veces incluso sin existir intención fraudulenta), se crea de un hecho una situación aparentemente lícita y conforme a la ley, lo que implica que en el papel, siempre está todo en regla, sin embargo hay una estrategia que tiene como efecto violar el espíritu de la ley, pudiendo infringir a este respecto el contexto o bien normas determinadas.

Es decir, con procedimientos que en sí son lícitos como constituir una inmobiliaria, contratos de arriendo, etc., maniobras que son jurídicas, a veces ingeniosas, y que por cierto tienen una apariencia de legalidad, se permite realizar lo que la ley en este caso prohíbe o mandata no hacer lo que ella manda. Esto ha permitido construir verdaderos imperios económicos, familiares e ideológicos que se han valido de estas normas para defraudar la ley, hasta este momento impunemente.

Esta situación fraudulenta es de por sí contradictoria porque si fuese permitida, significaría que la ley toleraría  el fraude, pues se prohibiría un resultado pero en el fondo se permite alcanzarlo. Contradictorio con el espíritu de la ley, puesto que se prohíbe un resultado (lucro) pero a través del fraude, es decir, artilugios jurídicos alambicados, combinaciones ingeniosas, se permite el abuso y posibilita alcanzar el lucro con descaro y desparpajo como todos hemos visto y presenciado hace mucho tiempo.

El acto o conducta fraudulenta tiene la apariencia de licitud aunque sus resultados son antijurídicos y constituyen infracciones al ordenamiento legal.

Nuestra legislación nacional carece de una figura específica que penalice este engaño, este fraude a la ley en materia civil, y sólo lo consagra como un principio general del Derecho. Pero hay algo que no se puede negar a estas alturas, y es que hay un engaño, y este existe cuando a través de una acción u omisión se busca crear esta falsa representación de la realidad. Por ello, este fraude a la ley, es en sí también una simulación de Corporaciones sin fines de lucro, que esconden tras ésta cobertura de aparentes buenas intenciones, sociedades comerciales que lucran para grupos económicos.

Creo que esta reflexión es necesaria para generar la conciencia de  reformar nuestra legislación nacional, sin embargo esto no puede excluir otras figuras jurídicas que si pueden lograr sancionar penalmente estas practicas, como son la estafa. Pero eso, da para otra columna.